La cantante barranquilera Shakira tendrá que sentarse en el banquillo para responder por seis delitos contra la Hacienda Pública española, por los que la Fiscalía le pide en total ocho años y dos meses de cárcel y una multa de 23,8 millones de euros.
Una juez acordó la apertura del juicio oral a la artista para que sea juzgada en la Audiencia de Barcelona, acusada de defraudar 14,5 millones de euros entre los años 2012 y 2014, simulando que no residía en España.
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En mayo de 2022 la Audiencia de Barcelona avaló la decisión del juez de enviar a la cantante colombiana a juicio, ante los indicios de que residía en España de manera habitual entre los años 2012 y 2014: primero en la capital catalana y después en una vivienda de la cercana localidad de Esplugues de Llobregat que compró con su expareja, el futbolista del FC Barcelona Gerard Piqué , a través de una sociedad.
Según el ministerio público, esa vivienda constituyó el domicilio familiar de la artista, cuyas estancias fuera de España durante ese tiempo lo fueron por "motivos profesionales, con una duración muy corta", a excepción de la temporada en que participó en el programa estadounidense 'The Voice' (61 días en 2012, 118 en 2013 y 117 en 2014).
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La acusación mantiene que, al haber residido en España más de 183 días al año, Shakira era residente fiscal en dicho país y tenía la obligación de tributar por la totalidad de su renta mundial, tanto respecto al IRPF (Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas) como al impuesto del patrimonio.
Para evitar hacerlo, según la Fiscalía, Shakira "utilizó un entramado societario", con sede en las Islas Vírgenes Británicas, Islas Caimán, Malta, Panamá y Luxemburgo, con el fin de ocultar su renta y su patrimonio.
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La Fiscalía sostiene que el plan de la cantante consistía en que sus empresas figuraran formalmente como titulares de las rentas, mientras que ella solo constaba algunas sociedades radicadas en paraísos fiscales a las que fueron a parar la mayor parte de sus ingresos.
La defensa de Shakira destacó que la apertura de juicio oral es un paso más en cualquier proceso de estas características y agregó que la situación sigue "su curso normal", según un comunicado remitido por la agencia de comunicación de la artista.
Shakira rechazó el 27 de julio el acuerdo que le ofrecía la Fiscalía de Barcelona para evitar ser juzgada por fraude fiscal y decidió ir a juicio, argumentando entonces que confiaba plenamente en su inocencia.
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La artista colombiana dispone de tiempo para pactar con las acusaciones que incluyen, además de la Fiscalía, a la Hacienda y a la Agencia Tributaria catalana hasta el momento de sentarse en el banquillo.
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Como ninguna de las penas que se le solicitan supera los dos años de cárcel y carece de antecedentes, en caso de una eventual condena, la cantante podría beneficiarse de una suspensión de la pena y evitar su ingreso en prisión, si así lo acuerda el tribunal. Shakira dispone ahora de diez días para presentar su escrito de defensa.-EFE